La brecha en la contratación

25 de septiembre de 2013. El gobierno está empeñado en reducir o eliminar los anticipos para las contrataciones de obras públicas, lo que deja con opciones solo a las empresas con músculo financiero.

Como una herramienta para evitar la corrupción en la contratación de obras públicas, el gobierno pretende restringir los anticipos y, además, basar sus condiciones de adjudicación en aspectos más financieros, desatendiendo y subestimando la capacidad técnica.

Esa es la tesis de la presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Diana María Espinosa Bula, quien sustenta que los malos manejos con anticipos que se han dado en el pasado reciente se circunscribieron en Bogotá y en un número mínimo de ingenieros o empresas de ingeniería, dando como resultado que el gobierno considere que en la contratación estatal los anticipos deben ser minimizados.

La directiva reconoce que se han presentado malos manejos de anticipos, pero se deben no solo a los contratistas sino a una relación inadecuada entre contratistas y contratante. Pero, “negar los anticipos es aumentar el valor de las obras por el costo financiero que debe asumir el contratista al momento de ejecutar la obra”.

“Debemos entender que la obra pública se financia con los anticipos que debe tener el contratante para ejecutar la obra, mientras que la concesión si debe hacerse con inversionistas que pongan los recursos y que recuperen su inversión a lo largo de 25 ó 30 años de operación del proyecto”, agrega Espinosa.

Argumenta que la corrupción hay que controlarla y combatirla, pero es necesario identificar correctamente las causas. “Los anticipos no tienen nada que ver con la corrupción. Antes de todo hay que tener funcionarios públicos correctos, completamente éticos y con unos valores que no deben ser vulnerados de ninguna manera por nadie”, dice.

Por otro lado, asegura que las obras inconclusas y los problemas que presentan son por proyectos mal estructurados, que no han tenido debidamente los estudios definitivos o no tienen una estructuración adecuada para ejecutarse.

Sin embargo, el gerente de Opain, Juan Alberto Pulido, dice que en “proyectos de gran envergadura”, si el Gobierno no anticipa dineros para las obras públicas, privilegia la contratación con grupos financieros unidos a los de ingeniería que tienen los recursos para apalancar los proyectos, acelerando el inicio y pronta entrega de los mismos.

De otro lado, “obras necesarias pero de bajo o mediano presupuesto”, que pueden ejecutarse por firmas medianas, requieren de anticipos bien estructurados desde los pliegos de condiciones.

Pulido coincide con la presidente de la Sociedad de Ingenieros en que no son los anticipos los que determinan el nivel de corrupción de un proceso, “las variables son muchas para facilitar o no la calidad de un proceso o de una ejecución de un proyecto, y creo más bien que son las condiciones de envergadura y prioridad de cada proyecto las que determinan la forma correcta para adjudicar y entregar debidamente una obra de interés público, con o sin anticipo”.

Expone que no hay un modelo único de contratación, pues dependerá en gran medida de asociar oportunamente el capital público y el privado. Por ejemplo, “en el contrato de concesión del Aeropuerto El Dorado, era imposible que los dineros generados por las antiguas instalaciones lograran expandir y mantener debidamente las infraestructuras aeroportuarias al ritmo del crecimiento de tráfico. Por esa razón, la inyección de capital para construcción de obras (Capex) debía provenir del capital de los Socios y de la financiación de los Bancos”, dijo el directivo de Opain.

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